Mujeres destacan decisión de Comisión del Congreso

“Es un paso más para poder decidir en libertad”

Recordaron que en 1990 modificaciones al Código Penal despenalizando aborto por violación aprobadas por el Congreso no fueron promulgadas por el entonces presidente Alan García
Invocaron al Congreso a un debate respetando Estado laico.

Un gran paso en el reconocimiento de los derechos de las mujeres se dio este mediodía en el Congreso de la República con la decisión de la Comisión Especial Revisora del Código Penal de no admitir el pedido de reconsiderar su votación del último 6 del presente en que aprobaron despenalizar el aborto eugenésico, por violación sexual e inseminación artificial no consentida.

Pese a las fuertes presiones de sectores conservadores del gobierno y de las jerarquías eclesiales opuestos a las modificaciones, no se alcanzó en la Comisión los ocho votos necesarios para aprobar la reconsideración, pues sólo se llegó a cinco. Estos fueron de la representación del Ministerio de Justicia: Fernanda Ayasta Nassif y Carmen Rivera; de Arsenio Oré Guardia, de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú; de Pablo Sánchez, del Ministerio Público; y del congresista Carlos Torres Caro, titular de la Comisión.

Votaron en contra de la reconsideración los comisionados Robinson Gonzáles y Víctor Prada, del Poder Judicial: Rosa Mávila León, de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú; Juan Ramos, de la Asamblea Nacional de Rectores; y los congresistas José Vargas (APRA) y Cayo Galindo (nacionalista).

Se abstuvo la Defensoría del Pueblo, quien a través de su representante Gisella Vignolo Huamani, sostuvo que la posición de su institución se orienta a promover la continuidad del debate en torno al aborto en el Perú teniendo en cuenta los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la educación sexual, equidad de género, y los tratados de derechos humanos.

“Nos queda seguir promoviendo el debate y que se entienda que las mujeres no promovemos el aborto, sino el derecho a decidir, afirmó María Ysabel Cedano, vocera de los movimientos de mujeres. Y recordó la responsabilidad que compete al Congreso y al Ejecutivo de decidir en el marco del Estado laico establecido en el artículo 50 de nuestra Constitución a fin de no repetir ediciones anteriores en que vetos religiosos cerraron el debate sobre la realidad del aborto o impidieron aprobar su despenalización como ocurrió en 1990 en el primer gobierno aprista.

Por su parte Patricia Zanabria, también vocera de los grupos y colectivos, sostuvo que estas aspiraciones son de las mujeres de costa, sierra y selva, pues los abortos se dan en todo el país de manera clandestina y suman por lo menos mil al día causando muertes maternas.

Jossy Cárdenas, feminista joven, destacó la importancia de la decisión de la Comisión pues a la base están asuntos de justicia, derechos y dignidad que se deben garantizar a todas las mujeres cuando afrontan el dilema de interrumpir una gestación no deseada.

Con la decisión de la Comisión se mantienen las modificaciones introducidas al artículo 19 del Código Penal referidas a despenalizar aquellos abortos en casos de violación y graves malformaciones en el feto. Estas ampliaciones se suman al aborto terapéutico, legal en el país desde 1924, pese a lo cual hasta ahora no cuenta con un protocolo que permita su incorporación como parte de los servicios públicos de salud.

El Ministro de Salud viene incumpliendo con su deber por asuntos que no encuentran amparo jurídico, mas aun cuando se ha ratificado la despenalización del aborto terapéutico por ser constitucional.

Todas las modificaciones al texto del Código Penal, serán entregadas en el mes de diciembre a la presidencia del Congreso de la República, a fin de que se proceda a su debate en el pleno del legislativo.

Este hecho fue saludado por las diversas expresiones del movimiento de mujeres, en las que estuvieron participando varones jóvenes, que con pancartas y coreando lemas se apostaron en las afueras del Congreso, demandando a la Comisión una actuación al margen de presiones clericales o confesiones religiosas, sino teniendo en cuenta el respeto a los derechos humanos establecidos en las normas nacionales e internacionales suscritas por el Perú.

Su presencia pacífica estuvo en todo momento acosada por la presencia de grupos opuestos al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, quienes blandiendo rosarios y gigantogafías con imágenes distorsionadas de niños, provocaban constantemente a las activistas. El derecho a la información debe ser respetado.

Las fuerzas del orden no pudieron evitar este permanente acecho y por el contrario se vieron en varios momentos rebasadas. Las activistas decidieron responder con lemas reivindicatorios de la libertad de decidir de las mujeres, de la maternidad como una opción y no una obligación, del derecho a una vida digna y de la laicidad de las personas y del Estado.